La corrupción urbanística, un tema tan de actualidad en nuestros días, tiene un capitulo reservado en la Historia reciente de Burgos. Y no es que la corrupción se inventase en nuestra ciudad, ni mucho menos, pero fue en la vetusta Caput Castellae donde por primera vez en la Historia de nuestro país políticos y empresarios de la construcción se sentaron en el banquillo de los acusados en el contexto del denominado Caso de la Construcción de Burgos.
A finales de los años ochenta el empresario Antonio Miguel Méndez Pozo junto con el por aquel entonces alcalde de Burgos José María Peña San Martín, constituyeron un entramado pseudomafioso con el que el primero llegó a hacerse con la totalidad del mercado inmobiliario de Burgos gracias a los tratos de favor por parte del Ayuntamiento de Burgos. De esta manera quedaba inaugurada una modalidad de corruptela que ha venido repitiéndose a lo largo del tiempo en diferentes rincones de nuestra geografía. En septiembre de 1994, Michel Méndez Pozo ingresaba en prisión bajo la acusación de falsedad documental con una condena firme de 7 años, de la que apenas cumplió 12 meses, siendo Peña San martín y varios concejales del consistorio burgalés inhabilitados por prevaricación continuada.
Después de más de dos décadas de aquellos sucesos, El Jefe, sobrenombre por el que es conocido en Burgos Antonio Miguel Méndez Pozo sigue controlando los entresijos de la ciudad constituyendo en muchos casos la piedra angular en la toma de decisiones políticas.
Para tratar de comprender en qué consistió el denominado Caso de la Construcción, autentica génesis de la corrupción urbanística en nuestro país, desde Radio Onda Expansiva hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Emilio Martínez, uno de los abogados que participó en aquel largo proceso cuyos ecos resuenan aún en nuestro presente dejándose sentir de manera significativa en el conflicto de Gamonal de enero de 2014.
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